Con el objetivo de contener la propagación del COVID-19, el gobierno jordano, a mediadas de marzo, emitió la Orden de Defensa No. 13, que implicaba la suspensión de las actividades económicas consideradas no esenciales, dejando a miles de trabajadores ante un estado de incertidumbre que ha dado lugar por parte de algunos de los empresarios a explotar la vulnerabilidad de los trabajadores. El impacto resultante de las medidas preventivas fue desproporcionado entre los empleados. El objetivo del presente artículo es examinar la respuesta gubernamental a la crisis económica tras la expansión de COVID-19. Por un lado, se resaltan las medidas excepcionales que han sido implementadas a fin de proteger los derechos de los trabajadores, y, por otro, cómo algunas empresas e instituciones lograron eludir la ley o aprovecharla a su favor. También se examina la eficacia de dichas medidas para los que carecen de protección social. El autor se concentra en los meses de marzo, abril, y mayo, ya que las medidas fueron gradualmente suspendidas a finales de junio.‬